Libertad el 27/01/2012 - 19:11 nos informa:

El comercio chino ahogan al pequeño comercio español

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Algunas asociaciones de empresarios piden más control para el comercio chino. Solicitan a las administraciones limitación en el horario e inspecciones más exhaustivas de locales y productos.

 

Más control de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos, inspecciones más exhaustivas e incluso limitación en el número de licencias que se otorgan. Estas son algunas de las demandas que los representantes de varias asociaciones de comerciantes y empresarios de la ciudad de Madrid piden tanto a la administración regional como a los respectivos ayuntamientos. Pero también saben que tienen que estar juntos en esto. Porque de lo que están seguros es que sólo con pedir no van a conseguir detener la proliferación de locales regentados por ciudadanos chinos.

España cuenta con 198.000 autónomos inmigrantes, lo que supone el equivalente al 11 por ciento del total de extranjeros que reside en el país, y de los que más de 27.000 trabajadores por cuenta propia son de origen chino, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración recogidos por la Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (Asnepa).

De este modo, los chinos se erigen como la población inmigrante que más trabaja como autónoma dentro de España, seguidos de los trabajadores procedentes de Rumanía, que alcanzan los 24.000 autónomos, y los británicos, con 20.000 trabajadores de este colectivo.

Tiendas sin horarios y con todo tipo de productos. Tiendas que generan polémica. Sólo en un año se han presentado denuncias por irregularidades en 600 tiendas de Madrid. Falta de horarios, y errores en las licencias y en el etiquetado son algunas de las anomalías.

Alfonso Tezanos, presidente de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), ha denunciado con rotundidad la falta de igualdad en la que compiten los pequeños comercios de la Comunidad de Madrid -aunque la situación parece que se repite en otras ciudades españolas- con las tiendas regentadas por ciudadanos chinos.

“Bajo un letrero que dice frutos secos y alimentación se vende absolutamente de todo, porque ahora tienen ropa, calzado y hasta complementos”, dice. Tezanos cuenta: “Se pasan un montón de horas abiertos, negocios que son casi una vivienda para toda la familia y que muchas veces no tienen ni licencia para operar”.

“No respetan los horarios, incumplen la normativa de licencias, la de etiquetado, no tienen carnet de manipulador, no pagan salarios y, lo que ya es el colmo, no cumplen con las obligaciones fiscales ni de la Seguridad Social. ¡Si tienen a los niños y a los abuelos trabajando!”.

Una competencia a la que no parecen hacer mucho caso las autoridades competentes. Alfonso Tezanos va más allá cuando acusa directamente a las juntas municipales: “Ignoran la existencia de estos establecimientos. Cuando hacen una inspección rutinaria pasan por alto porque a efectos legales a ellos no les consta que exista”.

El comercio chino es la franquicia más rentable y la más grande del mundo. “También es la más depredadora, con esa imagen de sosiego y tranquilidad que desprende”, señala.

 

Por eso distritos como Vallecas o Usera en Madrid, o municipios como Parla o Fuenlabrada en el Sur de Madrid están sufriendo la voracidad de este colectivo en el comercio ahogando aún más si cabe al tradicional y pequeño comercio en Madrid tras la dificultad añadida de la actual coyuntura económica en la que España está sumergida.

Este representante asegura que le han llegado bastantes quejas de comerciantes de la ciudad que denuncian que muchos de los productos que se venden en estas tiendas no están homologados y que incluso son falsificaciones.

Asegura que, tras comprobarlo personalmente, muchos de los artículos que se exponen en las vitrinas de los bazares chinos son mucho más caros que en otros establecimientos. «Por eso, no entendemos cómo mucha gente compra en estos lugares». Como única solución a este problema ve la unión de las asociaciones de comerciantes y la colaboración del Gobierno local.

Es también por lo que las diferentes asociaciones piden que tanto los ayuntamientos como las Comunidades Autónomas deben hacer más hincapie en inspecciones y vigilancia.«Son los Ayuntamientos quienes otorgan o deniegan las licencias de apertura, es el que debe tomar medidas denegando más permisos de apertura como se está haciendo ya en muchas otras ciudades».

 

En España se conceden facilidades a los ciudadanos chinos para abrir sus negocios

El rápido e inusitado crecimiento y la rápida expansión de los negocios propiedad de ciudadanos chinos es algo que a todo el mundo intriga y llama la atención. Produce extrañeza y rara admiración su habilidad en estas lides capitalistas, sobre todo teniendo en cuenta que proceden de un país comunista en el que hasta hace bien poco no estaba permitida la propiedad privada. Este dinamismo contrasta, por el contrario, con la también vertiginosa desaparición de comercios regentados por nacionales españoles y en las mismas áreas geográficas donde se van asentando (especialmente en Madrid, pero ya también en otras muchas ciudades españolas de cualquier tamaño e, incluso, en pueblos de tamaño mediano).
 
El secreto no radica en la especial habilidad emprendedora para los negocios de la comunidad china, sino en los diversos Acuerdos existentes entre los Gobiernos de España y China (Vid. entre otras disposiciones, el Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio de 22 de Noviembre de 1990, publicado en el BOE de 25 de Junio de 1992), por los cuales a cambio de facilitar la actividad de importantes empresas españolas en China, se favorece la creación de empresas de capital chino en España.

Las ayudas e incentivos que reciben estas grandes empresas españolas proceden de ambas partes, e incluyen participar de fondos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo), créditos comerciales, exención de impuestos y todo tipo de facilidades. A cambio, en España, se conceden facilidades a los ciudadanos chinos para abrir sus negocios. Estos Acuerdos permiten que los ciudadanos chinos que creen empresas en España no paguen impuestos durante siete años. Transcurrido este plazo estos mismos ciudadanos chinos pueden traspasarles sus negocios a otros ciudadanos chinos, montar otros negocios y unos y otros no pagar impuestos durante otros siete años. Además las licencias municipales de obra y apertura de estos comercios se resuelven con una rapidez pasmosa y más que sospechosa.

Los Acuerdos son claramente perjudiciales y discriminatorios para los nacionales españoles, además de ser flagrantemente inconstitucionales al atentar contra el art.14 de la Constitución de 1978, que proclama la igualdad de los españoles ante la ley. Y es que estos Acuerdos hispano-chinos conceden unos privilegios fiscales excesivos a unas personas que no tienen la nacionalidad española. Aquí el español pasa a ser claramente un ciudadano de segunda en su propia patria. Por otra parte, no es equiparable el beneficio que algunas grandes empresas españolas obtienen al entrar en el mercado chino con el perjuicio que se ocasiona a la economía nacional.

Las actividades económicas chinas en España aparecen con frecuencia relacionadas con la economía sumergida y hasta ilegal. Así, no es raro que la Policía desmantele talleres ilegales en los que inmigrantes ilegales chinos son explotados, en régimen de semiesclavitud, por mafias chinas a las que deben importantes cantidades económicas que pagan con su trabajo, vulnerando todas las leyes españolas en materia laboral, de seguridad e higiene en el trabajo e inmigración. Pero lo grave no termina aquí, pues abastecen a comercios chinos, que, a su vez, ofrecen productos manufacturados a precios inferiores a los de coste, ante los que no pueden competir los comercios españoles: la competencia china es claramente desleal y crecientemente fortísima e imparable.

El incumplimiento de las leyes y normas españolas en materia de comercio incluyen el no respeto a las normas de etiquetado y seguridad, y la venta incontrolada de alcohol a menores. Otra de sus prácticas habituales consiste en no atenerse únicamente a vender los productos que están incluidos en su licencia de actividad comercial, y así pueden empezar teniendo una licencia para montar un comercio de 'todo a cien', pero progresivamente van incluyendo alimentación, ropa, calzado..., sin cambiar su régimen de actividad comercial. Y en lo que respecta a la contratación de mano de obra española, es prácticamente nula; por no hablar de su capacidad para mantener sus comercios abiertos en un más que amplio horario que abarca los 365 días del año, vulnerando ostensiblemente las regulaciones autonómicas o municipales.
Asombra también la disponibilidad económica de estos ciudadanos chinos, sobre todo dado el régimen económico de su país hasta hace muy poco. Causa estupefacción y asombro, entre los propietarios de locales comerciales españoles, los altísimos precios que están dispuestos a pagar por locales pequeños y en barrios degradados o marginales.

También causa admiración la pertinacia con la que persiguen hacerse cada vez con más locales, cercando y 'destruyendo' si hace falta a cualquier comerciante español que ose resistir el embate. Su proliferación avanza imparable día a día, y es tan descarada y llamativa que ha llegado a provocar la reacción airada de los vecinos de distintos barrios en las ciudades donde se han instalado para protestar contra el más que excesivo ruido y el tráfico descontrolado a cualquier hora del día y de la noche que provoca la carga y descarga ilegal de estos comercios.

En consecuencia, podemos establecer que la actividad económica china en España es de tipo parasitario, que actúa como una metástasis cancerígena que crece incontroladamente, primero en las grandes capitales y cada vez más se va extendiendo a pueblos más pequeños de toda la geografía nacional, aniquilando progresivamente el tejido económico español. La actividad comercial china, en resumidas cuentas, no contribuye a disminuir el paro en España, no aumenta la producción industrial española, perjudica de diversas formas a varios sectores económicos patrios y obliga a los comerciantes españoles a competir en unas condiciones que son imposibles de alcanzar legal y honradamente, además de infringir impunemente la legislación española.