pacianomanuel el 15/10/2010 - 10:25 nos informa:

Un mes de espera para abortar en el sistema público de la Comunidad de Madrid

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Fuente: SER MADRID NORTE


La Federación de Mujeres Progresistas acusa al gobierno regional de facilitar información que induce a la no realización de la interrupción, provocan culpabilidad y no facilitan el acceso a las clínicas públicas de aborto. Parla y Alcobendas, dos municipios bien distintos en cuanto a realidad social y renta per capita ocupan las posiciones más altas, a excepción de Madrid capital, en cuanto al número de mujeres que abortaron durante el año 2009.

La Federación de Mujeres Progresistas acusa a la Comunidad de Madrid de facilitar una información a las mujeres que han decido abortar que induce a la no realización de la interrupción y cargada de datos que buscan provocar sentimientos de culpabilidad. En los 17 folios informativos que se entregan se recogen ampliamente direcciones y teléfonos de asociaciones y fundaciones “anti-elección”, datos sobre el número de parejas madrileñas que están esperando para adoptar un niño y sólo los nombres de dos clínicas públicas de aborto.

Yolanda Besteiro, presidenta de la organización feminista afirma con rotundidad que las mujeres madrileñas tienen más complicado el acceso al aborto a través del sistema público. Besteiro denuncia que hoy hay una lista de espera de algo más de un mes para acceder la interrupción voluntaria del embarazo en las clínicas públicas.

El último Boletín Epidemiolígico de la Comunidad de Madrid afirma que Parla con una tasa del 17,49 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, la fijada como edad fértil, es el municipio madrileño en el que más mujeres abortaron durante 2009. Por detrás, Madrid capital con una tasa de un 15,73 que ha bajado algo más de dos puntos; Alcobendas con 13,40, Alcalá de Henares con 12,52 y Fuenlabrada, Getafe o Móstoles con una tasa de entre el diez y el once y medio.

Aunque el estudio recoge datos que apuntan a una reducción generalizada del número de abortos en la región, la federación coincide con el propio estudio al exigir la necesidad de mejorar el acceso a la anticoncepción de emergencia, a los anticonceptivos de última generación o a la información que se facilita desde los centros de salud.